El documento contiene datos estadísticos sobre violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la provincia de Buenos Aires que involucran cuestiones penitenciarias, de salud mental, de niñez y de seguridad.
La decisión tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la ciudad, dispuso una serie de medidas para mejorar las condiciones de detención en la unidad de mujeres, con particulares previsiones para la población trans allí detenida.
Se trata del proceso iniciado por los crímenes perpetrados en los centros clandestinos “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”, donde funcionaban los edificios de las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la última dictadura militar.
Lo había iniciado la Comisión Provincial por la Memoria, el juez Recondo consideró que no se acreditó un "peligro cierto para la institucionalidad".